A partir del año 2000 en la República Dominicana se ha venido experimentando un proceso de reforma normativa que ha incidido en el robustecimiento del ordenamiento jurídico que rige el sector público, cuestión que resulta central para garantizar de forma efectiva la seguridad jurídica. El hecho más importante en este orden, se produjo con la reforma constitucional del año 2010, en la que se hace un abordaje, de carácter sustantivo, sobre los componentes jurídicos esenciales que hacen parte de la configuración organizativa, funcional y de relacionamiento de la administración pública. Como consecuencia de la proclamación y entrada en vigencia de la Constitución Política de 2010 se requirieren transformaciones jurídicas e institucionales de gran importancia que obligan a la aprobación de normas adjetivas que propenden a desarrollar y facilitar la aplicación del mandato constitucional; con razón se afirma que el Derecho Administrativo dominicano encuentra su nacimiento formal, sistematización y bases para su consolidación en la referida reforma constitucional. En consonancia con el nuevo texto de la Carta Magna, y en el marco del eje de Reforma Normativa del Plan General de Reforma y Modernización de la Administración Pública, puesto en vigencia mediante decreto, han sido aprobadas leyes que desarrollan y fortalecen áreas esenciales para el disciplinamiento de la organización y el funcionamiento de los entes y órganos que conforman el sector público, dentro de las que se destacan la Ley de Función Pública, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Derecho de las Personas en su relación con la Administración y Procedimientos Administrativos, la Ley General de Salarios para el sector Público, la Ley de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites, entre otras. De la misma manera, otras propuestas de leyes de suma importancia se encuentran en proceso de elaboración y aprobación, dentro de las que se citan la Ley de la Nueva Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la Ley de Ministerios, la Ley General de Servicios Públicos, la Ley de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, la Ley de Conflictos de Intereses en la Administración Pública, la Ley que crea el Ministerio de Justicia, entre otras de igual importancia; también, se lleva a cabo un proceso de modificación de algunas normativas preconstitucionales, con miras a adaptarlas al nuevo contexto constitucional. En otro orden, como forma de garantizar la aplicación efectiva del ordenamiento jurídico de la Administración Pública, y como parte de una tercera ola de reforma institucional que lleva a cabo la actual gestión del gobierno, se ha formulado una propuesta de reorganización de la Administración Pública fundamentada en los principios de unidad, racionalidad, eficiencia, coordinación, transparencia, economía, y otros, pautados por la propia Constitución de la República. El objetivo es compartir con los colegas de la comunidad Iberoamericana la experiencia que hemos venido acumulando en procura de la configuración constitucional y legal del Estado dominicano, especialmente de la Administración Pública, a partir de los procesos de reforma y modernización.
Ministro. Ministerio de Administración Pública (MAP). República Dominicana
"Evolución y estrategia actual de reforma y modernización de la administración pública"
Consultor Jurídico. Poder Ejecutivo. República Dominicana
"Propuesta actual para la institucionalidad de la administración pública"
Subconsultor Jurídico. Poder Ejecutivo. República Dominicana
"Transformaciones jurídicas de la administración pública dominicana a partir de la reforma constitucional del año 2010"